Un operativo de la Policía Federal Argentina sobre la ruta nacional 50, en la ciudad salteña de Orán, terminó con el secuestro de un colectivo de turismo y numerosos bultos de mercadería que tenían como destino Buenos Aires. El procedimiento, realizado durante la noche del miércoles, desencadenó una protesta de pasajeros y comerciantes que reclamaron la devolución de los productos. Los manifestantes aseguraron que los efectivos buscaban estupefacientes, pero que no encontraron drogas durante la inspección del vehículo.
La situación se agravó durante las primeras horas del jueves, cuando los propietarios de la carga se concentraron frente al predio donde habían quedado depositados el ómnibus y los artículos incautados. Entre escenas de angustia y fuertes reclamos, se produjeron disturbios que obligaron a intervenir a efectivos de la Policía provincial.
Durante los incidentes, una persona necesitó asistencia de personal de emergencias médicas. Posteriormente, los uniformados despejaron las inmediaciones del establecimiento para restablecer el orden.
Según la información difundida por medios locales, el procedimiento formó parte de una serie de controles desplegados por la Policía Federal en distintos sectores de Orán. En uno de esos operativos, los agentes interceptaron un colectivo de turismo que circulaba por la ruta nacional 50 y procedieron a revisar su carga.
Tras la inspección, los efectivos dispusieron el secuestro del vehículo y de varios bultos que contenían mercadería de frontera, aunque no trascendieron precisiones oficiales sobre los fundamentos de la medida.
Los pasajeros y propietarios de los productos cuestionaron el procedimiento y sostuvieron que los policías habían justificado inicialmente la requisa por una presunta sospecha de transporte de drogas.
María, quien se presentó como vocera de los damnificados, aseguró que los agentes les informaron que contaban con datos sobre la posible presencia de estupefacientes en el colectivo.
“Nos secuestraron un colectivo con la mentira de que lo iban a revisar, ya que ellos tenían información de que en el mismo se estaría llevando droga”, expresó durante una entrevista con medios de comunicación locales.
La mujer afirmó que el vehículo fue trasladado hasta un depósito ubicado detrás de un complejo y que allí se realizó una inspección completa, tanto del transporte como de los bultos.
Según su versión, la revisión no permitió encontrar sustancias prohibidas, pero los efectivos igualmente mantuvieron retenidos el colectivo y la mercadería.
“Al revisar toda la mercadería y el colectivo por completo no encontraron nada de droga. Ahora se niegan a devolvernos tanto el colectivo como la carga”, denunció.
La vocera explicó que el ómnibus transportaba principalmente artículos de blanquería y lencería que serían comercializados en el barrio de Once, uno de los principales centros de actividad comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
También señaló que los productos pertenecían a diferentes familias que habían reunido dinero o contraído deudas para adquirir mercadería y enviarla hacia la Capital Federal.
De acuerdo con su testimonio, el secuestro generó una importante preocupación económica entre los propietarios, debido a que muchos dependían de la venta de esos artículos para recuperar el dinero invertido.
“Hay familias que se endeudan para poder comprar y mandar la mercadería, y la Federal te la quita y no te dan ni siquiera un acta de secuestro”, manifestó.
La falta de documentación que respaldara formalmente el procedimiento fue uno de los principales cuestionamientos planteados por los manifestantes. Sin embargo, hasta el momento no se difundió una respuesta oficial de la fuerza federal que permita confirmar o descartar esa denuncia.
Los comerciantes también aseguraron que disponían de facturas, recibos y otros comprobantes correspondientes a las compras realizadas.
No obstante, durante la cobertura periodística del reclamo se indicó que parte de esa documentación habría sido emitida en Bolivia, una circunstancia que podría generar dificultades para acreditar la procedencia y el ingreso regular de los productos al territorio argentino.
La existencia de comprobantes de compra no necesariamente permite demostrar, por sí sola, el cumplimiento de las exigencias aduaneras aplicables a mercadería procedente del exterior.
Por ese motivo, uno de los aspectos pendientes es determinar si la incautación respondió a presuntas infracciones aduaneras, a irregularidades documentales o a otras circunstancias detectadas durante el control.
Hasta el momento tampoco se informó oficialmente si intervino alguna autoridad judicial o administrativa, ni se precisó el volumen total de la mercadería retenida.
Mientras tanto, los propietarios insistieron en que los artículos habían sido adquiridos con recursos propios y que su retención representaba un perjuicio económico considerable.
“Queremos que nos devuelvan la mercadería”, reclamaron durante la protesta, al exigir explicaciones sobre el destino de los productos.
El procedimiento dejó así dos situaciones pendientes de esclarecimiento: por un lado, los motivos legales que determinaron el secuestro del colectivo y su carga; por otro, las denuncias de los comerciantes sobre la falta de información y documentación del operativo.
A la espera de una comunicación oficial de la Policía Federal Argentina, los presuntos damnificados mantienen su reclamo para recuperar los artículos que pretendían trasladar desde Orán hacia Buenos Aires.
