La Merced atraviesa horas de máxima tensión tras la muerte de Tomás Sotero Alancay, el niño de 5 años atropellado en un hecho de imprudencia vial que conmocionó a la comunidad. Al dolor de la familia se sumó un fuerte clima de conflictividad, con protestas, incidentes y cuestionamientos al intendente Javier Wayar.
Durante la jornada, vecinos se concentraron para exigir justicia, pero la situación escaló con la quema de cubiertas y el corte de la ruta. En ese contexto, se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de Infantería, que intervinieron para contener la protesta. Como saldo, una mujer policía resultó herida y un manifestante fue detenido.
Fuentes policiales señalaron además la presencia de presuntos infiltrados que habrían alentado los disturbios, una línea que también es analizada por el Gobierno provincial.
Según informes oficiales, se investiga tanto el intento de toma del edificio municipal como el origen de los incidentes, ante sospechas de participación de sectores con intereses políticos.
Vinculación con el intendente
La tensión social creció a partir de la vinculación del hecho con el intendente Wayar, luego de que se confirmara que la camioneta involucrada en el siniestro es de su propiedad. Desde distintos sectores surgieron cuestionamientos sobre cómo el conductor, identificado como Miguel Plaza, tuvo acceso al vehículo.
De acuerdo a los datos que surgen de la investigación y testimonios recogidos en el lugar, el hecho no puede ser encuadrado como un simple accidente. La conducción temeraria aparece como uno de los ejes centrales: el vehículo circulaba a alta velocidad en una zona urbana, embistiendo al menor cuando cruzaba por la senda peatonal junto a su familia.
Pero hay más. Se confirmó que el acusado no contaba con licencia de conducir, un agravante clave que muestra una conducta personal de extrema irresponsabilidad. A esto se suma que poseía un certificado de discapacidad. Los primeros momentos posteriores al impacto, vitales en cualquier siniestro, también son materia de investigación y fuerte cuestionamiento. Según testigos, el conductor no descendió inmediatamente del rodado ni mostró preocupación por la víctima.
Tampoco habría asistido al niño tras el impacto, lo que configura una posible omisión de auxilio o abandono de persona, una conducta penada por la ley. En paralelo, vecinos indicaron que el llamado al sistema de emergencias (911) no fue inmediato por parte del acusado, reforzando la hipótesis de una actitud indiferente frente a la gravedad de lo ocurrido.
Todos estos elementos configuran un cuadro judicial severo: conducción temeraria, falta de habilitación legal para conducir, posible omisión de auxilio y la consecuencia más extrema, la muerte de un menor. En términos penales, especialistas coinciden en que el caso podría derivar en una condena de prisión efectiva superior a los cinco años.
