El PAMI, la obra social de los jubilados y pensionados, atraviesa uno de sus momentos más difíciles. Esto quedó en evidencia tras el paro nacional de 72 horas que llevaron adelante los médicos de cabecera en rechazo a cambios impulsados por el Gobierno que modifican el esquema de prestaciones y pagos.
La medida comenzó el lunes luego de la Resolución 1107-2026, que introdujo cambios en el nomenclador y en el modelo de atención. Durante tres días no se emitieron recetas electrónicas ni órdenes médicas, se suspendieron turnos y cirugías, y solo se mantuvieron las guardias y urgencias. El reclamo apunta a una fuerte caída en los ingresos: según estimaciones del sector, honorarios que rondaban los $3,8 millones podrían reducirse a entre $1,2 y $1,6 millones, lo que representa una caída superior al 50%.
Desde la Asociación de Profesionales del Programa Atención Médica Integral y Afines (Appamia) denunciaron que la eliminación de incentivos y pagos por prestaciones implica un «recorte encubierto», pese al aumento de la cápita a $2.100 por afiliado. Además, cuestionan que continúan bajo contratos sin relación de dependencia, con carga horaria fija y asumiendo costos de consultorio, sin una renegociación previa.
«Sin honorarios dignos no hay salud de calidad», sostienen desde la entidad que impulsó la protesta, en reclamo de que se deje sin efecto la resolución.
El Gobierno nacional defendió la medida y aseguró que busca «ordenar el sistema» y simplificar procesos. Según el organismo, el incremento de la cápita mejora el ingreso fijo y permite proyectar la inversión en el primer nivel de atención. También aduce que se reforzaron controles sobre las órdenes médicas.
El conflicto, sin embargo, expone una crisis profunda. Prestadores privados denuncian falta de pagos, suspensión de provisión de prótesis y retrasos en medicamentos desde fines del año pasado. En paralelo, creció la demanda en hospitales públicos y centros municipales, mientras los intendentes alertan por un sistema cada vez más exigido.
En este contexto, el Gobierno anunció el envío de $150.000 millones para saldar deudas y descomprimir la situación, aunque el malestar persiste. Hubo protestas en distintas provincias y jubilados también se movilizaron para reclamar por la falta de atención e insumos. El escenario abre un frente de conflicto, con advertencias sobre una posible salida de médicos del sistema y el riesgo de un deterioro en la atención de millones de afiliados.
«Están regularizados»
El titular del PAMI, Esteban Leguizamo, afirmó que «los vencimientos de marzo están regularizados y los de abril los estamos pagando ahora», en medio de reclamos de prestadores y médicos de cabecera por la demora en los pagos. La gestión actual del organismo, según explicó, implementó una auditoría interna estricta para controlar el destino de los fondos para que lleguen en tiempo y forma.
