El Gobierno nacional dejó de financiar los pasajes gratuitos en micros de larga distancia a personas con discapacidad, trasplantados y niños con cáncer, delegando esa responsabilidad en las empresas.
La decisión adoptada por la Secretaría de Transporte de la Nación se da mediante la Resolución 28/2026, fue publicada ayer en el Boletín Oficial.
La medida deroga el esquema de compensaciones económicas que el Estado Nacional otorgaba a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos emitidos por ley.
La normativa derogada establecía que el Estado compensaba parcialmente a las empresas por los tickets otorgados a personas con discapacidad, personas trasplantadas o en lista de espera (Sintra) y niños con cáncer.
En los considerandos de la nueva resolución, el Ejecutivo argumentó que este sistema de subsidios nació en un contexto de «emergencia», generando «un esquema de regulación tarifaria con fuerte intervención estatal que limitaba la posibilidad de los operadores de fijar libremente sus precios».
Con la desregulación del transporte interjurisdiccional aprobada por el Decreto 883/2024, sostuvo que se produjo «una modificación sustancial del paradigma regulatorio vigente, estableciendo un régimen basado en la libertad tarifaria, la simplificación normativa y la promoción de la competencia».
En este marco, desde Transporte consideran que la capacidad de los transportistas para fijar libremente sus precios, recorridos y horarios les permite ahora «internalizar dentro de su estructura de costos las obligaciones legales».
De esta manera, la administración de Javier Milei considera que, al no haber ya bandas tarifarias impuestas, las empresas deben absorber el costo de los pasajes gratuitos como parte de su operación comercial habitual.
La gratuidad, vigente
La resolución, se aclaró, no elimina el derecho de los usuarios a viajar sin cargo. El documento señala explícitamente que el derecho a la gratuidad previsto en las leyes 22.431 (discapacidad), 26.928 (trasplantados) y 27.674 (oncología infantil) «permanece plenamente vigente y exigible frente a los transportistas».
En este sentido, el Gobierno nacional puntualizó que «el eventual impacto económico de la decisión se circunscribe exclusivamente a la relación financiera entre el Estado y los operadores privados».
Para garantizar que las empresas sigan cumpliendo con la entrega de los pasajes a pesar de no recibir la compensación estatal, la resolución encomienda a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) el mantenimiento de los procedimientos de control y fiscalización necesarios.
La medida entró en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, aunque incluye una cláusula para resguardar los pagos de compensaciones que ya se hubieran devengado antes de esta fecha.
