El agobiante calor del fin de semana en la localidad fronteriza de Bermejo, donde los termómetros superaron los 40 grados, fue apenas el preludio de un lunes cargado de tensión e incertidumbre. El sector del transporte pesado y de carga de Bolivia avanzó con una serie de medidas de protesta y repliegue tras la decisión del Gobierno nacional de eliminar de raíz los subsidios a los combustibles, una maniobra de ajuste drástico que en el vecino país ya bautizaron formalmente como el «dieselazo».
Para Salta y todo el norte argentino, lo que sucede en los despachos oficiales de La Paz dista mucho de ser una cuestión lejana. La profunda interdependencia comercial, social y productiva que comparten ambos territorios hace que cualquier temblor económico en la frontera termine impactando, de manera indefectible, en las góndolas, depósitos y bolsillos locales.
La escalada de precios describe una curva vertiginosa. En noviembre de 2025, antes de la llegada de Rodrigo Paz a la presidencia, el litro de diésel subsidiado costaba 3,72 pesos bolivianos. En diciembre del mismo año sufrió un primer ajuste que lo ubicó en 9,80 bolivianos, anotando una suba inmediata del 163,4%.
El proceso continuó el 17 de agosto pasado, cuando se aplicó una tarifa diferenciada de 17,95 bolivianos para grandes consumidores que superaran los 120 litros mensuales. La estocada final llegó el 18 de septiembre, cuando el Poder Ejecutivo resolvió terminar de cuajo con la subvención estatal y unificó la tarifa general en 17,95 bolivianos. El salto acumulado en menos de un año alcanzó un astronómico 382%.
A este durísimo cuadro tarifario se le suma un calvario cotidiano: las filas interminables de camiones y utilitarios frente a los surtidores a la espera de un combustible que escasea de forma recurrente. Pese al cambio de administración política, la falta de gasoil continúa paralizando la logística regional.
«En el sur boliviano y en la frontera no hay bloqueos en este momento, pero el combustible directamente no llega porque las empresas fleteras no tienen certeza de los costos operativos», advirtió Víctor Sánchez, expresidente del Comité Cívico de Bermejo y referente histórico del Transporte Unificado de esa ciudad.
Sánchez detalló que la falta de nafta y gasoil está alterando el ritmo regular de abastecimiento de insumos y mercaderías, a lo que sumó trabas burocráticas persistentes dentro del aparato estatal: «Si bien hoy la operatoria en los puentes es normal, la situación para los próximos días se perfila sumamente inestable».
Por el momento, los cruces internacionales que unen Bermejo con Aguas Blancas se encuentran habilitados y sin cortes de ruta confirmados, más allá de la huelga y el quite de colaboración anunciado por las cámaras transportistas.
En materia de precios y consumo cotidiano, Sánchez describió un panorama volátil: «Los artículos de primera necesidad tuvieron incrementos progresivos durante los últimos días. El dólar fluctuó alrededor de los 9 bolivianos y el movimiento comercial habitual con compradores argentinos se redujo notablemente».
El mayor temor que sobrevuela las localidades del norte salteño radica en la duración del conflicto. Si las protestas y el freno del transporte de carga cobran mayor envergadura en territorio boliviano, el desabastecimiento de gasoil se traducirá de inmediato en faltante de alimentos básicos, medicamentos e insumos críticos para toda la región fronteriza.
