La desaceleración de la inflación todavía no se traduce en una recuperación sólida del poder adquisitivo de las familias argentinas. El consumo continúa debilitado, los ingresos avanzan con lentitud y una proporción creciente de los hogares utiliza tarjetas de crédito y préstamos personales para cubrir gastos cotidianos, en un escenario que expone la distancia entre la estabilización macroeconómica y la denominada “economía del metro cuadrado”.
El Gobierno nacional enfrenta así una disyuntiva: mantener un modelo de crecimiento sostenido principalmente por la minería y la energía, actividades que generan un fuerte ingreso de divisas, o concentrar mayores esfuerzos en los sectores tradicionales vinculados con el empleo y el consumo interno.
La analista Mora Jozami advierte que la menor inflación no garantiza, por sí sola, una mejora inmediata en la capacidad de compra. En numerosos hogares, el financiamiento comenzó a funcionar como una extensión del salario ante la imposibilidad de afrontar todos los gastos con los ingresos mensuales.
El peso de la deuda de las familias alcanzó el nivel más elevado de la serie histórica que el Banco Central inició hace dos décadas. Cerca del 80% de esas obligaciones corresponde a tarjetas y préstamos personales, una composición que sugiere que buena parte del dinero se destina a sostener el consumo y pagar compromisos corrientes, en lugar de financiar inversiones o bienes durables.
“Hoy el crédito no impulsa crecimiento: se usa para llegar a fin de mes”, sintetizó Jozami, directora de la consultora Casa Tres. Los datos del Banco Central también muestran una elevada penetración del financiamiento: al cierre de 2025, unos 20,3 millones de personas registraban deudas y las tarjetas constituían el instrumento de mayor alcance, con 14,8 millones de usuarios, seguidas por los préstamos personales, con 11,9 millones.
Para GMA Capital, el deterioro de la calidad crediticia revela que la economía doméstica continúa bajo presión pese a las primeras señales de estabilización. El alto costo del financiamiento, la contracción real del crédito personal y el crecimiento de la morosidad reducen el margen de maniobra de las familias.
Ese diagnóstico también comienza a proyectarse sobre el escenario político. Nery Persichini, economista de GMA Capital, considera que la brecha entre los resultados macroeconómicos y una microeconomía todavía exigida ya impacta en la valoración pública del Gobierno.
La última medición de Atlas Intel-Bloomberg citada por la consultora ubicó la desaprobación de la gestión en el 54,7%, frente al 47,7% registrado en diciembre. El deterioro también alcanzó a parte del electorado de La Libertad Avanza: entre quienes votaron al oficialismo en las últimas elecciones legislativas, la calificación “mala” o “muy mala” aumentó del 2% en diciembre al 9,3% en julio.
El Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella retrocedió en julio un 6,5% mensual, una caída que anuló con amplitud el crecimiento del 3,9% observado en la medición anterior. El desgaste fue particularmente intenso entre los jóvenes de 18 a 29 años, grupo en el que el indicador descendió de 2,18 a 1,68 puntos.
La evolución de esos índices adquiere relevancia en un momento en el que la administración de Javier Milei necesita conservar respaldo político para impulsar nuevas reformas en el Congreso.
Durante la última semana, el Senado aprobó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, aunque el oficialismo debió retirar los capítulos que modificaban la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego, dos de los apartados que habían generado mayor resistencia. El debate parlamentario previo había concentrado cuestionamientos precisamente sobre esas reformas, además de los cambios propuestos para desalojos y expropiaciones.
Para GMA Capital, la agenda legislativa todavía incluye iniciativas de mayor alcance, como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la modificación del Código Penal. Ambas requerirán que el Gobierno vuelva a construir acuerdos con otras fuerzas.
Persichini advirtió que un deterioro persistente de la imagen oficial podría achicar el margen de negociación de La Libertad Avanza y elevar el costo político de conseguir respaldo para sus próximos proyectos.
Gustavo Córdoba, director de Zuban Córdoba y Asociados, coincidió en que la situación económica de las familias será uno de los principales campos de disputa de cara al intento de reelección de Milei. A su criterio, el Gobierno también exhibe dificultades para administrar la dinámica política y recuperar consensos.
El consultor sostuvo que la gestión libertaria confió en conservar el impulso de sus primeros meses y avanzó con iniciativas de elevada resistencia social sin interpretar adecuadamente el contexto. Esa estrategia, afirmó, quedó expuesta en el Senado, donde el oficialismo tuvo que abandonar la flexibilización de la venta de tierras rurales a extranjeros por falta de votos.
Según Córdoba, la discusión también generó tensiones entre figuras relevantes de la Casa Rosada. El problema central, señaló, no fue comunicacional, sino una lectura equivocada de la realidad y de la relación de fuerzas.
El analista vinculó esa dificultad con la decisión presidencial de conformar una mesa política que ahora plantea la necesidad de discutir los proyectos antes de enviarlos al Congreso. “Entonces, ¿para qué se juntaban antes? Si se trata de una mesa política, ¿cómo es que no discuten políticas de gestión?”, cuestionó.
Para Córdoba, la recuperación del ingreso disponible será decisiva en el camino hacia las elecciones presidenciales de 2027. “Si no logra recuperar el poder adquisitivo de las familias, la reelección de Milei puede quedar en veremos”, advirtió.
El consultor también cuestionó la respuesta oficial ante el sobreendeudamiento. Aludió a las declaraciones del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, quien atribuyó el problema a decisiones tomadas por los particulares, y señaló la dificultad política que supondría pedir nuevamente el voto de hogares cuyos presupuestos continúan deteriorados.
Córdoba recordó, además, que Milei lleva tres años anticipando una mayor disponibilidad de crédito para las familias. Sin embargo, el financiamiento que hoy predomina no está generando una expansión sostenible del consumo: en numerosos casos funciona como un recurso de emergencia para pagar alimentos, servicios y otras obligaciones mensuales.
La tensión central radica, por lo tanto, en que la estabilización de algunos indicadores convive con salarios debilitados, consumo retraído, crédito costoso y endeudamiento récord. Mientras esa mejora no llegue a los presupuestos familiares, la recuperación macroeconómica continuará encontrando su principal límite en la vida cotidiana.
