Un litigio territorial que involucra a particulares y a la comunidad Ojo de Agua, en la ciudad fronteriza de La Quiaca, derivó en una serie de denuncias por presuntas actividades ilegales detectadas durante un procedimiento judicial. La situación tomó mayor dimensión luego de que un funcionario judicial dejara constancia en un informe oficial de la existencia de un camino clandestino presuntamente utilizado para el contrabando desde Bolivia.El episodio se remonta al 26 de enero, cuando el juez de Paz de La Quiaca, Walter Fernando Rodríguez, se trasladó al predio en disputa acompañado por un agrimensor y por las partes involucradas en el conflicto, con el objetivo de constatar el estado de ocupación del terreno.
El procedimiento se desarrolló en un clima tenso. Según se indicó, varias de las personas que aseguran pertenecer a una comunidad aborigen se negaron a identificarse y tampoco precisaron el tiempo que llevaban asentadas en el lugar. No obstante, el informe elaborado por el magistrado consignó que las construcciones precarias detectadas en el predio tendrían una data relativamente reciente.
La inspección permitió advertir otra situación que generó preocupación entre los denunciantes. De acuerdo con lo consignado por el juez Rodríguez en el documento oficial, al final de una tercera fracción del terreno relevado se observó la existencia de un camino de tierra no habilitado. Según detalló el funcionario, esa vía sería utilizada como paso para el contrabando proveniente de la República de Bolivia, con salida hacia la Ruta Nacional Nº 40.
El informe judicial señala que la actividad en ese camino sería visible a simple vista, ya que la circulación de vehículos —muchos de ellos sin identificación— se produciría de manera constante y sistemática.
Estas observaciones encendieron alarmas entre los abogados querellantes que ya habían denunciado previamente a presuntos usurpadores del terreno. Los letrados Fernando Luis Bóveda y Franco Vera resolvieron avanzar con una nueva presentación ante la Legislatura provincial para solicitar la intervención de la ciudad de La Quiaca.
En el planteo, que ingresará por mesa de entradas del Poder Legislativo, los abogados advierten sobre una supuesta connivencia de organismos estatales que —según sostienen— estaría favoreciendo el desarrollo de actividades clandestinas en la zona fronteriza. Incluso alertaron que la ciudad podría encontrarse bajo un esquema de cartelización vinculado al contrabando.
Los denunciantes afirman que este fenómeno no es reciente y que es conocido por los habitantes de la ciudad fronteriza, aunque sostienen que se intensificó luego de la pandemia. Según su interpretación, existiría una estructura organizada que facilitaría el ingreso y la salida de mercadería por pasos no habilitados en el límite entre Argentina y Bolivia.
Para los querellantes, este circuito ilegal estaría directamente relacionado con el conflicto judicial por la ocupación de las tierras. Entre las pruebas presentadas ante la Justicia mencionaron la presencia de más de 50 ciudadanos de nacionalidad boliviana y venezolana que aseguran formar parte de una comunidad aborigen y que —según indicaron— ocuparían el predio desde hace al menos una década.
El pedido de intervención será analizado por la Legislatura de Jujuy, que deberá designar una sala de comisión para estudiar la documentación presentada y evaluar las denuncias sobre presuntas irregularidades. El análisis legislativo buscará determinar si existe algún grado de connivencia entre instituciones provinciales y personas que, según la acusación, custodiarían el predio con el objetivo de permitir actividades clandestinas.
Mientras tanto, el conflicto judicial continúa abierto y los demandantes aseguraron haber recibido amenazas de muerte tras realizar las denuncias vinculadas con estas presuntas maniobras ilegales.
